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26 de June del 2013 a las 22:20 -
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A 4 décadas de golpe (I)
En junio de 1973 irrumpió en el país la dictadura cívico-militar. En una serie de notas @gesor repasará aquellos dolorosos episodios de la vida del país y el departamento.
En junio de 1973 irrumpió en el país la dictadura cívico-militar. En una serie de notas @gesor repasará aquellos dolorosos episodios de la vida del país y el departamento.

(por Aldo Roque Difilippo) Hace 40 años Uruguay iniciaba “la larga noche” como muchos catalogaron a la dictadura cívico-militar que marcó irremediablemente la segunda mitad del  Siglo XX.

Un proceso que se había iniciado unos años antes, y que duraría más de una década;  lo que significó  marcar a fuego y dolor a numerosas familias uruguayas.

@agesor en una serie de notas mirará ese proceso desde la visión de los sorianenses, muchos de ellos víctimas de esa etapa de la historia uruguaya.

Soriano sobresale en el escenario nacional por ser uno de los departamentos con más compatriotas  convertidos en trágicas víctimas  de la represión: 10 (Carlos Cabezudo, Ricardo Blanco, Nebio Melo, Wiston Mazzuchi, Elba Gándara, Luján Alcides Sosa, Alfredo Bosco, Antonio Paitta, Ricardo Altamirano, Modesto Quiñones), a los que hay que sumarle  a Joaquín Kluver, y  Ramón Peré, ambos asesinados en un par de episodios en las calles montevideanas. En el caso de Peré, nacido en Agraciada pero vinculado a Colonia y posteriormente a Montevideo, se constituyó en el primer muerto de la dictadura al ser ejecutado de un disparo el 6 de julio de 1973, en un episodio por el cual fue procesado en el 2011 el Coronel retirado Tranquilino Machado.

 

Algunos hechos del 73

  El año 1973 comenzó  con la renuncia del Ministro de Defensa, Armando Maley (24 enero), aunque dos días más tarde el Presidente Juan María Bordaberry  rechazó  ese pedido. El 2 de febrero el Senador Amílcar Vasconcellos (Partido Colorado) declara a los diarios que  el país está entrando en un "período militarista", a lo que Bordaberry contesta "no puedo aceptar, bajo ningún concepto, su afirmación en cuando a la existencia de un movimiento que quisiera desplazar la legalidad y que contará, para ello, con la pasividad y complicidad de las Fuerzas Armadas o del Presidente de la República".

El 6 de febrero Bordaberry designa al Gral (r) Antonio Francese como Ministro de Defensa. El 8 de febrero el Ejército y la Fuerza Aérea se alzan contra el gobierno mediante un comunicado difundido por la radio y TV, en el que anuncian que han decidido desconocer las órdenes del ministro de Defensa Gral. (r) Francese, al que sugieren sustituir. El 9 de febrero los uruguayos despertaron oyendo marchas militares difundidas por las emisoras de radio en cadena controlada por el Ejército. Uno de los primeros comunicados difundidos expresaba: “Las Fuerzas Armadas han decidido desconocer las órdenes del Ministro de Defensa Nacional. Gral. Francese, al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”. Se inician negociaciones entre el Ejecutivo y las fuerzas amotinadas. Tropas de Marina guardan la Ciudad Vieja en defensa de las instituciones bajo las órdenes del Almirante Juan José Zorrilla.  Con excepción de la Marina, cuyo jefe, el capitán Zorrilla, ocupó la Ciudad Vieja en apoyo a la Constitución, las Fuerzas Armadas resolvieron desconocer la autoridad presidencial y reclaman la destitución del Ministro de Defensa, Gral. Francese. El Gral. César Martínez -de notoria postura constitucionalista- ya renunció a su cargo de Comandante en Jefe del Ejército, cediendo a las presiones de los sectores golpistas. Mientras tanto la situación de Bordaberry no parece muy clara. En primera instancia aparece como el representante de la legitimidad institucional, víctima de los militares golpistas. Sin embargo la población no parece tener la misma percepción, puesto que la convocatoria a manifestar apoyo al mandatario no tuvo el mínimo eco. Apenas un centenar de personas se dio cita en la noche en la Plaza Independencia para expresar su solidaridad. En cambio el Frente Amplio logró reunir a varias decenas de miles de montevideanos en 8 de Octubre y Comercio. El líder de Frente Amplio Gral. (r) Líber Seregni expresó en su discurso: “El presidente debiera renunciar. La presidencia de Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo y solamente a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción profunda entre el pueblo, el gobierno y las Fuerzas Armadas para comenzar la reconstrucción de la Patria en decandencia”. Otras figuras de relevancia del quehacer político (notoriamente Amílcar Vasconcellos y Wilson Ferreira Aldunate) entienden sin embargo que si bien Bordaberry no merece el más mínimo respeto, la defensa de las instituciones es la tarea prioritaria. El Ejército, cuyo mando había sido asumido por el Gral. Hugo Chiape Pose, y la Fuerza Aérea, al mando del Brig. Pérez Caldas, toman el control de la Cadena Nacional de Radio y Televisión, y expiden un manifiesto con diecinueve objetivos y que es un plan de gobierno.

El 12 de febrero  en la base aueronáutica Boiso Lanza deliberan los Jefes de las tres Armas y el Presidente de la República, donde se ponen de acuerdo y establecen la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente de la República, varios Ministros y los Comandantes de las tres armas. Ferreira Aldunate pide nuevas elecciones y sostiene que las Fuerza Armadas han inferido un grave daño al país, y condena la "abdicación de la dignidad y las competencias constitucionales del Jefe de Estado" por parte de Bordaberry.

El 23 de febrero  Bordaberry crea, por decreto y violando la Constitución el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Ese mismo día la Junta de Comandantes expide un vigoroso comunicado acusando al Parlamento y sectores políticos de obstaculizar el proceso de desarrollo diseñado en febrero.

El 31 de marzo el Poder Ejecutivo, con anuencia del Parlamento, prorroga por dos meses la suspensión de las garantías individuales. El 2 de abril la Justicia Militar solicita al Poder Ejecutivo el desafuero del Senador Enrique Erro, acusándolo de delito de lesa nación. El 18 de mayo luego de algunas reuniones, se encuentra una salida a la espinosa cuestión. El diputado Carlos Fleitas presenta en la Cámara una solicitud de Jucio Político al Senador Erro. El Senado declina entonces su competencia en el desafuero pero aguardar la resolución de la otra Cámara. De  este modo también el expediente de la Justicia Militar pierde valor.

El 1 de junio el Parlamento no extiende la suspensión parcial de las garantías individuales. Bordaberry decreta medidas Prontas de Seguridad. El 21 de junio la Cámara de Diputados rechaza el juicio político al Senador Erro, por 49 a 48 votos. El 26 de junio el Parlamento, en tanto, se disponía a abordar un pedido de investigación sobre torturas en una guarnición militar del interior del país. Renuncian los Ministros de Cultura y Educación, José Robaina Anzó, y de Salud Pública, Pablo Purriel, por estar en desacuerdo contra una importante medida que está por adoptar el Presidente Bordaberry. Cerca de las 23 hs., fuentes parlamentarias anuncian que las Cámaras serán disueltas en cualquier momento. 

 

El golpe

  El 27 de junio  a las 1,40 hs., bajo una salva de aplausos y vivas a la democracia, finaliza la sesión senatorial. Se confirma en Casa de Gobierno que Bordaberry hablará por cadena de radio a la hora 5.   A las 4,50hs. en la reunión de la CNT se reafirma lo resuelto por el movimiento sindical en 1964: responder con una Huelga General con ocupación de los lugares de trabajo en caso de golpe de Estado. A las 5 hs. las radioemisoras en cadena comienzas a emitir música folclórica. Lo primero que se escucha es "A Don José" por Los Olimareños y luego el Pericón, para luego emitir marchas militares. A las 5,25hs. el Poder Ejecutivo difunde el Decreto 464, en cadena de Radio y Televisión, comunicando la disolución de las Cámaras de Senadores y Diputados, creando en su lugar un Consejo de Estado y prohibiendo toda información que atribuyera al Poder Ejecutivo "propósitos dictatoriales". Inmediatamente se libera una orden de captura para el Senador Enrique Erro.

La CNT  decreta la  huelga general en todas las actividades laborales, privadas y públicas, con ocupación de los lugares de trabajo, en todo el país. La misma se realizó y tuvo una duración de dos semanas.  El 1 de julio se decreta la disolución de las Juntas Departamentales y Locales, y se aprueba un aumento salarial del 31,8% para el sector privado, y el 25% para el sector público. El ex presidente Pacheco Areco cursa un telegrama en apoyo al golpe, al igual que Raumar Jude y Agustín Caputti, de la Unión Nacional Reeleccionista. El Decreto 862 dispone la captura de 52 dirigentes sindicales. Son detenidos Luis A. Lacalle, Walter Santoro, Oscar López Balestra, y Rodríguez Labruna. El 6 de julio muere baleado por las fuerzas represivas Ramón Peré, profesor de Secundaria, el 8 de junio muere baleado por la espalda Walter Medina, canillita de 16 años, mientras pintaba en un muro "¡Consulta popular!". El 9 de julio "A las 5 en 18", se realiza una multitudinaria manifestación en contra de la dictadura por 18 de Julio. Entre los miles de detenidos se encuentra el Gral. (R) Líber Seregni. A medidados de junio  es clausurado en forma preventiva el Instituto Dámaso Antonio Larrañaga, a causa de reiterados enfrentamientos entre estudiantes y grupos juveniles parapoliciales. Se suspende la temporada boxística en Montevideo, debido a que el Cilindro Municipal había sido convertido en Cárcel.

 

Otros hechos

  Setiembre: la convivencia entre el gobierno y la Universidad no era fácil. En este mes se realizan las elecciones universitarias, el resultado fue mayoritariamente favorable a las autoridades preexistentes: 80% de un total de 40.000 votos. Como una aparente respuesta a este hecho, el Poder Ejecutivo decreta, el 28 de octubre, la intervención de la Universidad. El motivo aludido fue la explosión de un artefacto en la Facultad de Ingeniería que provocó la muerte de un estudiante, hecho que nunca se pudo dilucidar fehacientemente. El decreto de la intervención estableció la suspensión de todas las actividades de la Universidad (excepto las del Hospital de Clínicas), y el arresto de todos los miembros del Consejo Directivo. El Rector y los Decanos fueron detenidos más de una vez y destituidos y, en algunos casos, se procedió a su expulsión del país.

Entre el 26 y el 30 de agosto se realiza el Cónclave de San Miguel, donde se fija la política económica del régimen. Luego de levantada la huelga general, el gobierno buscó, casi obsesivamente, dividir al movimiento sindical organizado. Como último intento trata de reglamentar los sindicatos aprobando una "Ley de seguridad en el trabajo". Estos propósitos del gobierno no solamente circulaban por la vía legal, sino que fueron acompañados por una  intensa campaña publicitaria, que convocaba a afiliarse a nuevos sindicatos autónomos. En plena dictadura, por resolución de la CNT, se generó un hecho insólito: los trabajadores se movilizaron legalmente, y en forma masiva, en torno a lo que se llamó "la batalla por la reafirmación sindical". Miles de carpetas con fichas de afiliación llegaron al Ministerio de Trabajo. La dictadura fue vencida con sus mismas armas: los trabajadores se reafiliaron a sus antiguos sindicatos en porciones mayores a las previas al golpe de Estado, lo que dio un aval y una legitimidad a la organización sindical que quería ser desconocida por el régimen. De hecho, la CNT continúa vigente. Ante un paquete de reivindicaciones entregado por las "nuevas" organizaciones sindicales el gobierno contesta que "las reuniones intersindicales están totalmente prohibidas".

Del 6 al 11 de octubre tiene lugar el Cónclave de Colonia Suiza, donde el Ministro de Economía, Moisés Cohen, anuncia las nuevas medidas antiflacionarias y un novedoso sistema financiero.

El 28 de noviembre  se produce la ilegalización del Partido Socialista, Partido Comunista, Unión Popular, Movimiento 26 de Marzo, y demás grupos opositores. También es proscripta la FEUU.


 

En futuras notas la dictadura cívico-militar en Soriano. 



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(por Aldo Roque Difilippo) Hace 40 años Uruguay iniciaba “la larga noche” como muchos catalogaron a la dictadura cívico-militar que marcó irremediablemente la segunda mitad del  Siglo XX.

Un proceso que se había iniciado unos años antes, y que duraría más de una década;  lo que significó  marcar a fuego y dolor a numerosas familias uruguayas.

@agesor en una serie de notas mirará ese proceso desde la visión de los sorianenses, muchos de ellos víctimas de esa etapa de la historia uruguaya.

Soriano sobresale en el escenario nacional por ser uno de los departamentos con más compatriotas  convertidos en trágicas víctimas  de la represión: 10 (Carlos Cabezudo, Ricardo Blanco, Nebio Melo, Wiston Mazzuchi, Elba Gándara, Luján Alcides Sosa, Alfredo Bosco, Antonio Paitta, Ricardo Altamirano, Modesto Quiñones), a los que hay que sumarle  a Joaquín Kluver, y  Ramón Peré, ambos asesinados en un par de episodios en las calles montevideanas. En el caso de Peré, nacido en Agraciada pero vinculado a Colonia y posteriormente a Montevideo, se constituyó en el primer muerto de la dictadura al ser ejecutado de un disparo el 6 de julio de 1973, en un episodio por el cual fue procesado en el 2011 el Coronel retirado Tranquilino Machado.

 

Algunos hechos del 73

  El año 1973 comenzó  con la renuncia del Ministro de Defensa, Armando Maley (24 enero), aunque dos días más tarde el Presidente Juan María Bordaberry  rechazó  ese pedido. El 2 de febrero el Senador Amílcar Vasconcellos (Partido Colorado) declara a los diarios que  el país está entrando en un "período militarista", a lo que Bordaberry contesta "no puedo aceptar, bajo ningún concepto, su afirmación en cuando a la existencia de un movimiento que quisiera desplazar la legalidad y que contará, para ello, con la pasividad y complicidad de las Fuerzas Armadas o del Presidente de la República".

El 6 de febrero Bordaberry designa al Gral (r) Antonio Francese como Ministro de Defensa. El 8 de febrero el Ejército y la Fuerza Aérea se alzan contra el gobierno mediante un comunicado difundido por la radio y TV, en el que anuncian que han decidido desconocer las órdenes del ministro de Defensa Gral. (r) Francese, al que sugieren sustituir. El 9 de febrero los uruguayos despertaron oyendo marchas militares difundidas por las emisoras de radio en cadena controlada por el Ejército. Uno de los primeros comunicados difundidos expresaba: “Las Fuerzas Armadas han decidido desconocer las órdenes del Ministro de Defensa Nacional. Gral. Francese, al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”. Se inician negociaciones entre el Ejecutivo y las fuerzas amotinadas. Tropas de Marina guardan la Ciudad Vieja en defensa de las instituciones bajo las órdenes del Almirante Juan José Zorrilla.  Con excepción de la Marina, cuyo jefe, el capitán Zorrilla, ocupó la Ciudad Vieja en apoyo a la Constitución, las Fuerzas Armadas resolvieron desconocer la autoridad presidencial y reclaman la destitución del Ministro de Defensa, Gral. Francese. El Gral. César Martínez -de notoria postura constitucionalista- ya renunció a su cargo de Comandante en Jefe del Ejército, cediendo a las presiones de los sectores golpistas. Mientras tanto la situación de Bordaberry no parece muy clara. En primera instancia aparece como el representante de la legitimidad institucional, víctima de los militares golpistas. Sin embargo la población no parece tener la misma percepción, puesto que la convocatoria a manifestar apoyo al mandatario no tuvo el mínimo eco. Apenas un centenar de personas se dio cita en la noche en la Plaza Independencia para expresar su solidaridad. En cambio el Frente Amplio logró reunir a varias decenas de miles de montevideanos en 8 de Octubre y Comercio. El líder de Frente Amplio Gral. (r) Líber Seregni expresó en su discurso: “El presidente debiera renunciar. La presidencia de Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo y solamente a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción profunda entre el pueblo, el gobierno y las Fuerzas Armadas para comenzar la reconstrucción de la Patria en decandencia”. Otras figuras de relevancia del quehacer político (notoriamente Amílcar Vasconcellos y Wilson Ferreira Aldunate) entienden sin embargo que si bien Bordaberry no merece el más mínimo respeto, la defensa de las instituciones es la tarea prioritaria. El Ejército, cuyo mando había sido asumido por el Gral. Hugo Chiape Pose, y la Fuerza Aérea, al mando del Brig. Pérez Caldas, toman el control de la Cadena Nacional de Radio y Televisión, y expiden un manifiesto con diecinueve objetivos y que es un plan de gobierno.

El 12 de febrero  en la base aueronáutica Boiso Lanza deliberan los Jefes de las tres Armas y el Presidente de la República, donde se ponen de acuerdo y establecen la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente de la República, varios Ministros y los Comandantes de las tres armas. Ferreira Aldunate pide nuevas elecciones y sostiene que las Fuerza Armadas han inferido un grave daño al país, y condena la "abdicación de la dignidad y las competencias constitucionales del Jefe de Estado" por parte de Bordaberry.

El 23 de febrero  Bordaberry crea, por decreto y violando la Constitución el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Ese mismo día la Junta de Comandantes expide un vigoroso comunicado acusando al Parlamento y sectores políticos de obstaculizar el proceso de desarrollo diseñado en febrero.

El 31 de marzo el Poder Ejecutivo, con anuencia del Parlamento, prorroga por dos meses la suspensión de las garantías individuales. El 2 de abril la Justicia Militar solicita al Poder Ejecutivo el desafuero del Senador Enrique Erro, acusándolo de delito de lesa nación. El 18 de mayo luego de algunas reuniones, se encuentra una salida a la espinosa cuestión. El diputado Carlos Fleitas presenta en la Cámara una solicitud de Jucio Político al Senador Erro. El Senado declina entonces su competencia en el desafuero pero aguardar la resolución de la otra Cámara. De  este modo también el expediente de la Justicia Militar pierde valor.

El 1 de junio el Parlamento no extiende la suspensión parcial de las garantías individuales. Bordaberry decreta medidas Prontas de Seguridad. El 21 de junio la Cámara de Diputados rechaza el juicio político al Senador Erro, por 49 a 48 votos. El 26 de junio el Parlamento, en tanto, se disponía a abordar un pedido de investigación sobre torturas en una guarnición militar del interior del país. Renuncian los Ministros de Cultura y Educación, José Robaina Anzó, y de Salud Pública, Pablo Purriel, por estar en desacuerdo contra una importante medida que está por adoptar el Presidente Bordaberry. Cerca de las 23 hs., fuentes parlamentarias anuncian que las Cámaras serán disueltas en cualquier momento. 

 

El golpe

  El 27 de junio  a las 1,40 hs., bajo una salva de aplausos y vivas a la democracia, finaliza la sesión senatorial. Se confirma en Casa de Gobierno que Bordaberry hablará por cadena de radio a la hora 5.   A las 4,50hs. en la reunión de la CNT se reafirma lo resuelto por el movimiento sindical en 1964: responder con una Huelga General con ocupación de los lugares de trabajo en caso de golpe de Estado. A las 5 hs. las radioemisoras en cadena comienzas a emitir música folclórica. Lo primero que se escucha es "A Don José" por Los Olimareños y luego el Pericón, para luego emitir marchas militares. A las 5,25hs. el Poder Ejecutivo difunde el Decreto 464, en cadena de Radio y Televisión, comunicando la disolución de las Cámaras de Senadores y Diputados, creando en su lugar un Consejo de Estado y prohibiendo toda información que atribuyera al Poder Ejecutivo "propósitos dictatoriales". Inmediatamente se libera una orden de captura para el Senador Enrique Erro.

La CNT  decreta la  huelga general en todas las actividades laborales, privadas y públicas, con ocupación de los lugares de trabajo, en todo el país. La misma se realizó y tuvo una duración de dos semanas.  El 1 de julio se decreta la disolución de las Juntas Departamentales y Locales, y se aprueba un aumento salarial del 31,8% para el sector privado, y el 25% para el sector público. El ex presidente Pacheco Areco cursa un telegrama en apoyo al golpe, al igual que Raumar Jude y Agustín Caputti, de la Unión Nacional Reeleccionista. El Decreto 862 dispone la captura de 52 dirigentes sindicales. Son detenidos Luis A. Lacalle, Walter Santoro, Oscar López Balestra, y Rodríguez Labruna. El 6 de julio muere baleado por las fuerzas represivas Ramón Peré, profesor de Secundaria, el 8 de junio muere baleado por la espalda Walter Medina, canillita de 16 años, mientras pintaba en un muro "¡Consulta popular!". El 9 de julio "A las 5 en 18", se realiza una multitudinaria manifestación en contra de la dictadura por 18 de Julio. Entre los miles de detenidos se encuentra el Gral. (R) Líber Seregni. A medidados de junio  es clausurado en forma preventiva el Instituto Dámaso Antonio Larrañaga, a causa de reiterados enfrentamientos entre estudiantes y grupos juveniles parapoliciales. Se suspende la temporada boxística en Montevideo, debido a que el Cilindro Municipal había sido convertido en Cárcel.

 

Otros hechos

  Setiembre: la convivencia entre el gobierno y la Universidad no era fácil. En este mes se realizan las elecciones universitarias, el resultado fue mayoritariamente favorable a las autoridades preexistentes: 80% de un total de 40.000 votos. Como una aparente respuesta a este hecho, el Poder Ejecutivo decreta, el 28 de octubre, la intervención de la Universidad. El motivo aludido fue la explosión de un artefacto en la Facultad de Ingeniería que provocó la muerte de un estudiante, hecho que nunca se pudo dilucidar fehacientemente. El decreto de la intervención estableció la suspensión de todas las actividades de la Universidad (excepto las del Hospital de Clínicas), y el arresto de todos los miembros del Consejo Directivo. El Rector y los Decanos fueron detenidos más de una vez y destituidos y, en algunos casos, se procedió a su expulsión del país.

Entre el 26 y el 30 de agosto se realiza el Cónclave de San Miguel, donde se fija la política económica del régimen. Luego de levantada la huelga general, el gobierno buscó, casi obsesivamente, dividir al movimiento sindical organizado. Como último intento trata de reglamentar los sindicatos aprobando una "Ley de seguridad en el trabajo". Estos propósitos del gobierno no solamente circulaban por la vía legal, sino que fueron acompañados por una  intensa campaña publicitaria, que convocaba a afiliarse a nuevos sindicatos autónomos. En plena dictadura, por resolución de la CNT, se generó un hecho insólito: los trabajadores se movilizaron legalmente, y en forma masiva, en torno a lo que se llamó "la batalla por la reafirmación sindical". Miles de carpetas con fichas de afiliación llegaron al Ministerio de Trabajo. La dictadura fue vencida con sus mismas armas: los trabajadores se reafiliaron a sus antiguos sindicatos en porciones mayores a las previas al golpe de Estado, lo que dio un aval y una legitimidad a la organización sindical que quería ser desconocida por el régimen. De hecho, la CNT continúa vigente. Ante un paquete de reivindicaciones entregado por las "nuevas" organizaciones sindicales el gobierno contesta que "las reuniones intersindicales están totalmente prohibidas".

Del 6 al 11 de octubre tiene lugar el Cónclave de Colonia Suiza, donde el Ministro de Economía, Moisés Cohen, anuncia las nuevas medidas antiflacionarias y un novedoso sistema financiero.

El 28 de noviembre  se produce la ilegalización del Partido Socialista, Partido Comunista, Unión Popular, Movimiento 26 de Marzo, y demás grupos opositores. También es proscripta la FEUU.


 

En futuras notas la dictadura cívico-militar en Soriano. 

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