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14 de November del 2016 a las 23:11 -
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Un Sistema Penitenciario en crisis
Expuso la Edil Departamental Nacionalista Patricia Cáceres durante la sesión de la junta Departamental de este lunes.
Expuso la Edil Departamental Nacionalista Patricia Cáceres durante la sesión de la junta Departamental de este lunes.

La Edila Departamental Patricia Cáceres  de la Lista 22 Partido Nacional,  expuso en la sesión de la Junta Departamental de Soriano.
"Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de nuestro sistema carcelario, el cual conlleva un sinfín de situaciones que van de la mano, situaciones de violencia e inseguridad, violación a derechos humanos, rehabilitación de los reclusos, reparación a la víctima, aumento de penas, reforma de normativa incrementando penas y sancionando nuevos delitos, índices de reincidencias, condiciones de reclusión, etc, etc.
Lo cierto es que dicha problemático debe ser afrontada de una buena vez con la mayor rigurosidad y profesionalismo posible, pues hasta ahora los avances han sido muy pocos,  y los que se han producido no han sido los suficientes y necesarios como para afrontar los efectos buscados y palear el cúmulo de necesidades claramente existentes. Tenemos un sistema carcelario francamente en crisis, y de la mano de ello un sistema procesal penal anacrónico y vetusto.
La temática es enorme, y como vimos anteriormente acumula una problemático con un sinfín de problemático, situaciones y derivaciones, en esta oportunidad abordaremos pura y exclusivamente el sistema penitenciario, esto es, todo lo que rodea al encarcelamiento, sus condiciones de reclusión, la rehabilitación o no de las personas privadas de su libertad.-Bien cierto resulta ser que cuando existe una persona privada de su libertad y remitida a un establecimiento penitenciario es porque del otro lado existió una víctima quien se vió de alguna manera violentada en sus derechos, ello es incuestionable y merece su más encendida defensa. Pero por otra parte se verifica la situación de intentar rehabilitar a quien infringió la ley, y para ello se necesita de un sistema penitenciario muy diferente al que existe actualmente.-Actualmente la realidad impone que en el Establecimiento Penitenciario del COMPEN ( Antes COMCAR ) en el módulo Nº 8 por mencionar sólo alguno de ellos, conviven en una celda de 6 mts por 2,5 entre 7 y 11 personas, algo francamente inhumano y violatorio de todo derecho humano, ¿ a quien se le puede ocurrir que en dichas condiciones una persona pueda ser rehabilitada ? muchos de dichos reclusos no quieren trabajar, pero hay otros que si lo quieren hacer y muchas veces no se les permite o deben atravesar un elenco de dificultades burocráticas para hacerlo.-Muchos centros penitenciarios no cuentan con escáner adecuados o en buen funcionamiento, lo que conlleva también a que toda esa problemático sea trasladada a los familiares quienes se ven sometidos a una especie de escarnio al momento de ser revisados por la guardia penitenciaria en cada oportunidad de visitar a su familiar detenido.-   Por otra parte la situación de las instituciones penitenciarias, y su potencial rol de fomento del círculo perverso de delito, violencia y reincidencia lleva a que dentro de la misma cárcel continúen verificándose delitos, lesiones, homicidios, etc, entre los mismos reclusos, situación ésta que se ve casi a diario, con lo que la violencia dentro de una cárcel lejos de verse apaciguada se ve notoriamente acrecentada. –En los últimos años Uruguay ha enfrentado una situación problemático en esta materia. El aumento sostenido de los delitos estuvo acompañado por un importante crecimiento del sistema carcelario. En 2014 la población privada de libertad alcanzó a 9.797 personas. El país cuenta con un cuadro comparativo de reclusos en el entorno de los 291 cada 100.000 habitantes, lo que equivale a estar en el puesto 36 en el mundo, según información del International Centre for Prison Studies de 2016-
Las condiciones de reclusión han sido objeto de denuncias a nivel nacional e internacional.
Hacinamiento, inadecuadas condiciones edilicias,  malos tratos, problemas sanitarios, carencia de agua en condiciones para el aseo y consumo, insuficiente acceso al trabajo y a la educación, incumplimiento de las categorías de clasificación de los reclusos, escasez de programas de rehabilitación y reingreso, son algunos de los aspectos más destacados desde las instituciones públicas, la academia, la sociedad civil organizada y los organismos internacionales.En el año 2009 el informe del relator de las Naciones Unidas Manfred Nowak evidenció la violación de derechos humanos por parte del Estado uruguayo y marcó un punto de inflexión para el sistema penitenciario. Si bien existían otras denuncias a nivel local desde el Comisionado Parlamentario de aquel entonces el Dr. Alvaro Garcé, este informe tuvo un importante impacto político. A raíz de ello el Gobierno convocó a la oposición e instaló un ámbito de discusión sobre seguridad pública que propicia la sanción de la Ley de Emergencia Carcelaria y una revisión profunda del sistema penitenciario nacional.La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación constituyó un mojón clave en la historias de las políticas penitenciarias en Uruguay y tuvo tres consecuencias muy importantes. En primer lugar, se priorizó presupuestalmente al sistema penitenciario. En segundo lugar, se unificó la organización y se mejoró la gestión de un sistema que estaba totalmente compartimentado y desconectado. En tercer lugar, se comenzó a sustituir progresivamente personal policial por operadores civiles, profesionales y técnicos. Pero ello NO HA SIDO SUFICIENTE.
No es suficiente la buena voluntad, a pesar de haberse creado la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, el fortalecimiento del Patronato de Encarcelados y Liberados, buscar una adecuación y m3ejor preparación del personal, tales esfuerzos han resultado insuficientes y a la fecha se visualiza un grave problema en nuestro sistema penitenciario.- Si bien existen algunos pequeños avances, los mismos son justamente los que se promocionan por parte del Gobierno, pero la inmensa mayoría de las situaciones carcelarias continúan siendo verdaderamente angustiantes.
Se construyeron 5.400 nuevas plazas para combatir el hacinamiento carcelario y adecuar las condiciones de habitabilidad, pero se sigue viendo celdas con hasta 11 reclusos en lugares diminutos, sin agua, sin ventilación adecuada, con un solo baño o letrina que sería el calificativo más acorde, falta una adecuada sanidad que se aboque a las afecciones padecidas en tiempo real, con un adecuado suministro de medicamentos para cubrir necesidades clínicas existentes.- Existen materias pendientes en nuestro sistema carcelario tendientes a buscar realmente y efectivamente un desarrollo de programas estructurados y adecuadamente evaluados que busquen aumentar la re inserción social y disminuir la reincidencia. En nuestra opinión, y desde esta Junta Departamental de Soriano habiendo integrado la Comisión de Derechos Humanos de este cuerpo, me permito efectuar algunos lineamientos direccionado en la mejora de nuestro sistema carcelario:1.- Se debería bregar por la disminución de los altos niveles de población penitenciaria de Uruguay, para ello, debería maximizarse el uso de medidas alternativas a la prisión, es decir, para determinados tipos de delitos sanciones alternativas a la prisión, por ejemplo, penas comunitarias o monitoreo electrónico, sanciones intermedias como salidas transitorias para trabajar en favor de la sociedad estando las mismas debidamente monitoreadas.
2.- Una segunda área de reforma debería ser la defensa de los derechos humanos, la seguridad interna y el trato justo hacia los individuos privados de libertad. Una adecuada implementación de alternativas a la privación de libertad favorece la reducción de la sobre población carcelaria, que compromete las posibilidades de uso productivo del tiempo de los presos, aumenta el tiempo ocioso en las celdas, estimula y amplifica el desorden y la violencia y afecta las estrategias de gestión de la seguridad de las prisiones. 3.- La construcción de nuevas cárceles y la remodelación de viejos establecimientos ya existentes es sumamente relevante.- 4.- Debe buscarse un adecuado balance entre la adecuada conducta de los internos y el fortalecimiento de la legitimidad del personal penitenciario, logrando un balance adecuado entre control y procedimientos disciplinarios, y el trato justo y la comunicación con los internos.5.- Es necesario contar con un mayor proceso de gestión de los recursos humanos que involucren el reclutamiento, la formación, el apoyo y la supervisión del personal penitenciario. El éxito y la eficacia de los programas de tratamiento depende centralmente de que se lleven a la práctica tal como se preveía originalmente en el diseño. Muchas veces las experiencias fracasan no porque el programa no esté adaptado a las necesidades de la población carcelaria, sino debido a que en la práctica no se llevan a cabo en la forma adecuada. –6.- Un sexto punto lo constituye el desarrollo de políticas de reingreso y estímulo que adquieran un rol protagónico en el conjunto de las políticas penitenciarias. La investigación criminológica ha mostrado que buena parte de las razones por las cuales las personas continúan delinquiendo o abandonan el delito están localizadas en el contexto social del recluso cuando este es liberado. Por ende, es fundamental ampliar la idea de rehabilitación al incluir no sólo lo que ocurre dentro de los recintos penitenciarios, sino también los procesos de reingreso y el contexto social y comunitario del ofensor. Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región, ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido, por lo que desde esta Junta Departamental de Soriano llamamos y exhortamos a las autoridades nacionales a invertir mayores recursos humanos y materiales en la búsqueda de un mejoramiento del nuestro sistema penitenciario el cual redituará en una mejora de nuestra sociedad.- Sr. Presidente solicito que mis palabras pasen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Rehabilitación y a las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Senadores y Representantes".



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