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26 de February del 2015 a las 07:33 -
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Muy poco
En 2014 en nuestro país “apenas hubo progresos respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de derechos humanos” expresa el Informe 2014/15 elaborado por Amnistía Internacional.
En 2014 en nuestro país “apenas hubo progresos respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de derechos humanos” expresa el Informe 2014/15 elaborado por Amnistía Internacional.

(por Aldo Roque Difilippo) En Uruguay “durante 2014 apenas hubo progresos respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado” expresa el Informe 2014/15 elaborado por Amnistía Internacional.

El informe analiza la situación de los derechos humanos en el mundo, y en lo que tiene que ver con nuestro país se detiene en los temas relativos a la impunidad, los derechos sexuales y reproductivos, las condiciones de reclusión y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

 

La región

  Al analizar la perspectiva regional Amnistía Internacional apunta que el acceso a la justicia sigue estando “fuera del alcance de muchas personas, sobre todo de las pertenecientes a las comunidades más desfavorecidas”. Y si bien “se produjeron ciertos avances en las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por gobiernos militares durante el siglo pasado, como en los casos de Argentina y Chile. Sin embargo, la impunidad de miles de desapariciones forzadas y

ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región durante la segunda mitad del siglo XX se mantenía arraigada, en gran medida debido a la falta de voluntad política para llevar a los responsables ante la justicia. Miles de víctimas y sus familiares continuaban exigiendo verdad y justicia en varios países, incluidos Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay”.

 

El informe sobre nuestro país expresa textualmente:

 

 

URUGUAY

República Oriental del Uruguay

Jefe del Estado y del gobierno: José Alberto Mujica Cordano

 

 

Existía la posibilidad de que la lucha en pro de la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985, sufriera un retroceso a raíz de una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en 2013. Suscitaban preocupación las trabas para que las mujeres pudieran abortar.

 

INFORMACIÓN GENERAL

Uruguay se sometió al examen periódico universal de la ONU en enero y aceptó recomendaciones importantes, entre ellas la de combatir todas las formas de discriminación.

Uruguay ratificó en septiembre el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU.

En diciembre, seis detenidos del centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba, fueron reubicados en Uruguay.

En octubre se celebraron elecciones generales; el Frente Amplio obtuvo la victoria en una segunda vuelta celebrada en noviembre.

 

IMPUNIDAD

En febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia revocó dos artículos cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que los crímenes cometidos durante el periodo del régimen cívico-militar, entre 1973 y 1985, eran crímenes de lesa humanidad, con carácter imprescriptible.

La Suprema Corte también concluyó que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante dicho periodo porque la legislación nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006 y, por lo tanto, estaban sujetos a prescripción. (1)

Durante 2014 apenas hubo progresos respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado se investigaran exhaustivamente.

Al concluir el año, continuaba el juicio a un ex agente de policía acusado en 2012 de complicidad en el homicidio del profesor y periodista Julio Castro, cometido en 1977.

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los requisitos obligatorios establecidos por la ley de 2012 que despenalizaba el aborto seguían suscitando preocupación, ya que suponían un obstáculo potencial para acceder a un aborto legal. La ley de 2012 establecía un periodo obligatorio de cinco días de reflexión y una revisión de los casos

por parte de un grupo de expertos cuando se solicitaba un aborto. Si el embarazo era consecuencia de una violación, la ley exigía la presentación de una demanda judicial para que la mujer pudiera someterse a un aborto.

En abril, en Salto, capital del departamento de Salto, alegando objeción de conciencia, los médicos se negaron a practicar un aborto a una muchacha discapacitada que estaba embarazada tras haber sobrevivido a una violación. La muchacha tuvo que viajar a la capital, Montevideo, para someterse alprocedimiento.

 

 

CONDICIONES DE RECLUSIÓN

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el hecho de que dos tercios de la población reclusa estuvieran en espera de juicio, y manifestó también su inquietud por la atención médica en los centros penitenciarios, el suministro de agua, los servicios de saneamiento y la ventilación en las celdas.

 

 

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Apenas hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres transexuales que tuvieron lugar entre 2011 y 458 Informe 2014/15 Amnistía Internacional 2012. Sólo en un caso, en el departamento de Cerro Largo, tres personas habían sido enjuiciadas.

 

 

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1. Uruguay: Información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de la ONU, enero–febrero de 2014 (AMR 52/001/2013)

 

www.amnesty.org/es/library/info/AMR52/001/2013/es



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